La Policía Federal Argentina desarticuló una red ilegal que embotellaba agua sin controles bromatológicos en viviendas particulares y la distribuía en Lomas de Zamora, Ezeiza y Esteban Echeverría. El operativo culminó con tres personas imputadas, el secuestro de cientos de bidones y la clausura de maquinaria que volcaba contaminantes químicos a la vía pública.
Una investigación originada por denuncias anónimas derivó en el desmantelamiento de una organización clandestina dedicada al procesamiento y comercialización ilegal de agua envasada en la zona sur del Gran Buenos Aires. A través de tres allanamientos simultáneos coordinados en la localidad de Canning, las fuerzas de seguridad nacionales detectaron que varias viviendas residenciales habían sido transformadas de manera precaria en fábricas de embotellado de bidones, operando al margen de toda normativa sanitaria vigente.
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, bajo la tutela del juez Federico Armella, y ejecutados por la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Ezeiza con el soporte técnico del Departamento de Delitos Ambientales de la PFA. Al ingresar a las fincas, los inspectores corroboraron que las plantas carecían de habilitaciones comerciales y operaban en condiciones de extrema suciedad, sumado al agravante de que desechaban fluidos químicos nocivos de forma directa a las zanjas y veredas del barrio.
Infracción alimentaria y engaño a los consumidores
Las autoridades procedieron al decomiso de toda la infraestructura de envasado y el secuestro de 600 bidones plásticos de 20 litros —de los cuales un centenar ya se encontraba cargado con agua lista para su reparto—, además de dispositivos de telefonía celular clave para reconstruir la cadena de comercialización de la banda. Personal especializado tomó muestras del recurso hídrico retenido para someterlo a rigurosos exámenes de laboratorio con el fin de verificar los niveles de contaminación bacteriológica y química a los que eran expuestos los clientes.
Como resultado del operativo, dos hombres de 62 años y una mujer de 39 años fueron notificados de su imputación en la causa. La Justicia Federal les imputa cargos criminales encuadrados en la violación del Código Alimentario Argentino (Ley 18.284) debido a la falta de controles higiénicos obligatorios en alimentos de consumo humano, en concurso real con el delito de estafa previsto en el Código Penal, debido al engaño que representaba la venta de este insumo básico simulando marcas o estándares de potabilidad inexistentes.
