La Policía Federal desarticuló una organización criminal de 10 integrantes tras múltiples allanamientos en el Conurbano y la Costa Atlántica. El líder cumplía prisión domiciliaria y uno de sus cómplices operaba desde un calabozo en Lomas de Zamora.
Una exhaustiva investigación iniciada por la Policía Federal Argentina (PFA) culminó con la desarticulación de una compleja organización criminal dedicada al robo, desguace, adulteración y comercialización de vehículos y autopartes en el Conurbano bonaerense. La banda contaba con una particularidad operativa: sus hilos eran coordinados por un líder que gozaba de prisión domiciliaria en la Costa Atlántica y por delincuentes que operaban de forma activa desde celdas policiales y penitenciarias.
El expediente judicial comenzó a tramitarse en abril tras una serie de ciberpatrullajes preventivos a cargo de la División Delitos contra el Automotor de la PFA. Los agentes detectaron perfiles sospechosos en el sistema Marketplace de la red social Facebook, donde se ofrecían automóviles de mediana y alta gama, así como repuestos específicos, a valores llamativamente inferiores a los de mercado. Las tareas de campo y los cruces de datos confirmaron que el origen de las piezas y los rodados correspondía a violentos asaltos a mano armada cometidos en distintas localidades de la zona sur y oeste.
Estructura criminal y operaciones desde el calabozo
La red delictiva estaba integrada de forma estable por siete hombres y tres mujeres, quienes mantenían una estricta división de roles y tareas. Mientras una facción se encargaba de la sustracción de los vehículos en la vía pública, otros miembros regenteaban galpones clandestinos destinados al desguace. En paralelo, eslabones técnicos de la banda se abocaban a la adulteración de las numeraciones registrales de chasis y motores, mientras un último sector confeccionaba la documentación apócrifa para reinsertar los bienes en el circuito comercial digital.
Los investigadores determinaron que dos de los engranajes clave del grupo se encontraban privados de su libertad: uno de ellos operaba de forma logística desde un calabozo de la Comisaría de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora, mientras que otro lo hacía desde la Unidad Carcelaria N°23 de Florencio Varela. Por su parte, el jefe de la asociación ilícita dirigía las directrices principales desde un chalet de la localidad balnearia de La Lucila del Mar, donde debía cumplir una morigeración de pena por delitos similares.
Múltiples allanamientos y secuestro de material registral
Con las pruebas consolidadas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Martín libró 14 órdenes de allanamiento simultáneas que afectaron objetivos en Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Avellaneda, La Matanza y el partido de La Costa. Como resultado de los procedimientos, las fuerzas de seguridad federales lograron la detención de cinco hombres —incluyendo al cabecilla en su vivienda costera— y una mujer, además de notificar de la causa a otras dos implicadas.
Durante los operativos de registro se logró incautar ocho automóviles con numeraciones adulteradas, una motocicleta con pedido de secuestro activo, patentes falsificadas y una gran cantidad de autopartes de origen ilícito. Asimismo, se desmanteló el laboratorio de falsificación de la banda, decomisando cuños para el grabado de mampostería, máquinas grabadoras de cristales, sellos falsos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), licencias de conducir truchas y dispositivos informáticos junto a 16 teléfonos celulares. Todos los imputados quedaron bajo arresto acusados de falsificación de documento público, encubrimiento agravado y desarmado de automotores.
