Mientras las empresas y el Gobierno discuten por un déficit de $17.500 millones, los residentes del Gran Buenos Aires enfrentan esperas más largas y la amenaza de una nueva suba en el pasaje. Un estudio de la UBA confirma que quienes cruzan a Capital sufren una quita del 40% en el servicio debido al desfasaje económico.
Menos frecuencia por el costo del gasoil
El impacto económico en las líneas que recorren nuestros barrios es directo: como el precio del combustible para las empresas subió a más de $2.100 y el Estado les reconoce un valor mucho menor para los subsidios, muchas unidades se quedan en el galpón. Esto se traduce en que la flota actual es un 12% más chica que hace cinco años. El «ahorro» fiscal de las operadoras para no quebrar lo termina pagando el usuario con su tiempo y su seguridad en paradas cada vez más congestionadas.
El riesgo de un nuevo aumento
El informe técnico de la UBA advierte que si la Provincia y la Nación no logran cubrir el bache financiero, la única variable de ajuste será el precio del boleto. Se estima que podría sumarse un 16% adicional a los incrementos que ya se vienen aplicando. En un contexto donde el mínimo para moverse por el Gran Buenos Aires ya alcanzó los $871, un nuevo salto representaría un golpe crítico para el presupuesto de las familias que dependen exclusivamente del transporte público.
Desigualdad en el acceso al transporte
La crisis económica del sector golpea de forma desigual: las líneas que circulan solo por CABA mantienen casi todas sus frecuencias, pero las interjurisdiccionales son las que más servicios recortaron. Esta situación profundiza la brecha económica para los habitantes de los cordones más alejados, quienes no solo pagan boletos más caros por la distancia, sino que ahora deben contemplar tiempos de viaje mucho más inciertos por la falta de coches.
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