Mientras los servicios esenciales dependen cada vez más de la conectividad, el analista Andrei Serbin Pont cuestionó las condiciones tecnológicas del Estado y detalló la cronología de una eventual emergencia urbana en el Área Metropolitana.
La reciente suspensión de vuelos que paralizó durante cuatro horas y 21 minutos las operaciones aéreas en Estados Unidos encendió las alarmas sobre un problema que toca de cerca al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y, particularmente, a los distritos más densamente poblados de la Zona Sur: la absoluta dependencia de los servicios básicos respecto de sistemas digitales y del suministro eléctrico.
El analista internacional Andrei Serbin Pont tomó como referencia el colapso del sistema aéreo norteamericano para dimensionar la fragilidad de nuestras infraestructuras urbanas. Aunque las autoridades estadounidenses atribuyeron el hecho a una falla en un nuevo software de control, el especialista advirtió que el escenario es compatible con la intervención de un actor externo y sirve como espejo para evaluar qué ocurriría en el Conurbano bonaerense ante un incidente técnico o un ataque informático de gran escala.
El «minuto cero»: caos vial y parálisis comercial
Al trasladar esta hipótesis a Buenos Aires, el diagnóstico resulta contundente. Una interrupción generalizada de energía y conectividad no se limitaría a un corte de luz domiciliario, sino que desencadenaría una parálisis operativa inmediata.
En el denominado «minuto cero», dejarían de funcionar los semáforos en los principales accesos y avenidas, los trenes —como el Roca, arteria vital del sur—, los subtes, los cajeros automáticos y los sistemas de pago electrónico como billeteras virtuales y códigos QR. En una economía cada vez más bancarizada, los comercios de cercanía quedarían imposibilitados de operar con normalidad, tornando insuficiente el dinero en efectivo disponible en la calle.
Telefonía, agua y hospitales: la cuenta regresiva de las 72 horas
De acuerdo con las estimaciones de Serbin Pont, el impacto sobre los servicios esenciales escalaría rápidamente con el correr de las horas:
- Comunicaciones: Las antenas de telefonía celular cuentan con generadores de respaldo que resistirían entre cuatro y 12 horas. Superado ese margen, la red caería, aislando a los vecinos y dificultando la coordinación de emergencias, dejando como única vía funcional a los antiguos teléfonos de línea analógicos.
- Agua potable: Como ya ha reconocido la empresa AySA en reiteradas oportunidades, la distribución depende íntegramente del bombeo eléctrico. Sin energía, la presión caería drásticamente entre las 24 y las 72 horas, dejando sin suministro a los edificios y a amplios sectores del Conurbano que dependen de estaciones elevadoras.
- Combustible y alimentos: La mayoría de las estaciones de servicio carecen de grupos electrógenos para bombear nafta y gasoil. Sin combustible y con las rutas congestionadas por la falta de semáforos, los camiones de reparto no podrían abastecer a los supermercados, cuyas góndolas de productos básicos se vaciarían en las primeras 72 horas.
- Salud: Los hospitales públicos y clínicas privadas disponen de reservas de combustible para sostener sus generadores durante aproximadamente tres días. Pasado ese lapso, la atención médica quedaría en jaque ante la imposibilidad logística de reponer insumos críticos.
Ciberdefensa en deuda y precariedad estatal
Más allá de las recomendaciones internacionales que sugieren a la población contar con kits de emergencia para subsistir entre tres y diez días, Serbin Pont apuntó directamente contra la falta de previsión institucional en la Argentina.
El analista sostuvo sin rodeos que la red eléctrica nacional presenta serias vulnerabilidades frente a eventuales ciberataques y denunció que el país no asigna los recursos presupuestarios necesarios para la ciberdefensa y la ciberseguridad. A esto sumó un dato que expone la precariedad tecnológica de la administración pública: muchas computadoras en oficinas estatales ni siquiera cuentan con licencias activas de sistemas operativos, debilitando cualquier capacidad de respuesta coordinada ante una crisis de hasta 14 días.
En una región donde la infraestructura eléctrica y los servicios públicos ya operan al límite durante los picos de demanda estacional, la advertencia pone sobre la mesa una discusión urgente que las autoridades aún mantienen postergada.
