El encuentro en la Gobernación bonaerense expuso la falta de consensos para derogar la norma que impide a más de 80 jefes comunales competir en 2027. Mientras el Ejecutivo busca despejar las trabas legislativas, el Frente Renovador ratifica su negativa a modificar la normativa que impulsó en 2016.
La reunión concretada en la sede de la Gobernación en La Plata entre la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la senadora provincial Malena Galmarini dejó al descubierto las diferencias entre el kicillofismo y el Frente Renovador en torno al límite a las reelecciones consecutivas de los intendentes bonaerenses. La iniciativa impulsada por el Ejecutivo busca destrabar las restricciones que alcanzan a más de 80 jefes comunales —de los cuales la mayoría pertenece al oficialismo— para permitirles competir por un nuevo mandato en 2027.
Durante las conversaciones, la representación del espacio conducido por Sergio Massa confirmó que mantendrá la postura histórica en defensa de la legislación aprobada en 2016. Desde la conducción del bloque senatorial del Frente Renovador se ratificó que, si bien habilitarán el debate de los proyectos dentro de las comisiones parlamentarias correspondientes, no aportarán los votos de sus legisladores para convalidar la derogación o modificación de los topes a la reelección.
Consecuencias en el armado político territorial
Para la administración provincial, la imposibilidad de que los intendentes se presenten a una nueva reelección representa una dificultad estratégica dentro del esquema de construcción política del Movimiento Derecho al Futuro. En el entorno de Axel Kicillof sostienen que el impedimento legal altera la distribución de candidaturas en las listas legislativas y debilita la tracción de votos en los distritos bonaerenses.
Por su parte, los referentes del massismo argumentan la necesidad de respetar la alternancia institucional y no alterar los compromisos normativos asumidos al momento de sancionar la restricción. Sin una salida consensuada ni los números asegurados en las cámaras legislativas, el debate permanece en una fase de indefinición sin certezas sobre su tratamiento parlamentario definitivo.
