El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrió una mesa de negociación de alto voltaje político con los intendentes del Conurbano para consensuar la reforma de la Ley de Seguridad Pública. El debate, que tiene como principal interlocutor al ministro de Seguridad, Javier Alonso, busca dar un marco normativo definitivo a las fuerzas de seguridad municipales. Sin embargo, el proyecto genera fuertes discusiones en torno a tres ejes críticos: la letalidad del armamento, la cadena de mandos y el financiamiento de las tropas.
El punto más sensible de las reuniones —como la desarrollada recientemente en Escobar con alcaldes de la tercera y primera sección electoral— radica en el poder de fuego que tendrán las guardias urbanas. Mientras varios jefes comunales presionan para que sus agentes porten armas de fuego o, al menos, dispositivos de baja letalidad como las pistolas de electrochoque Taser, la cartera de Seguridad bonaerense busca moderar las expectativas. Desde el Ejecutivo provincial advierten sobre los riesgos de la falta de capacitación y rechazan que estas fuerzas se conviertan en un refugio para los aspirantes rechazados en los filtros de la Escuela Vucetich. La alternativa que gana fuerza es un esquema mixto: agentes comunitarios con armas no letales y células especializadas de mayor preparación con portación reglamentaria.
La conducción política y el control de las fuerzas también dividen aguas. Un sector de los intendentes se planta bajo la premisa de que si las policías son municipales, el jefe comunal debe dictar la conducción operativa. En contraste, la Gobernación exige que la fiscalización y el régimen disciplinario queden centralizados bajo la órbita de la Auditoría General de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense. Respecto al presupuesto, en medio del recorte de fondos de la Nación, se encamina una estructura de financiamiento mixto articulada mediante el goteo de la coparticipación, permitiendo que cada distrito inyecte recursos propios según sus posibilidades financieras.
