En medio de un discurso oficial de ajuste y austeridad, la Justicia Federal confirmó que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó un viaje a Aruba en primera clase junto a su grupo familiar. La información, que surgió a partir de una investigación sobre el uso de recursos y la ética pública, pone en jaque la narrativa del Gobierno Nacional sobre el «fin de los privilegios» de la casta política.
Los registros oficiales de las aerolíneas y los movimientos migratorios ratificaron que el funcionario y sus allegados utilizaron servicios de lujo para su traslado al Caribe, un destino cuyo costo resulta inaccesible para la gran mayoría de la población bajo el actual contexto económico. Si bien desde el entorno del funcionario alegan que los gastos fueron costeados con fondos propios, la crítica se centra en la contradicción moral y política de exhibir consumos de alta gama mientras se le exige un esfuerzo extremo a la sociedad civil.
Este hecho genera un nuevo foco de tensión interna en la administración central, que busca desesperadamente sostener su imagen de probidad ante un electorado que comienza a cuestionar las formas de la nueva cúpula gobernante. La confirmación judicial del viaje no hace más que alimentar las denuncias de la oposición sobre la existencia de una «nueva casta» que goza de beneficios exclusivos en el exterior.
La repercusión de este viaje podría traducirse en pedidos de informes en el Congreso de la Nación para verificar si existió algún tipo de viático o subsidio estatal indirecto en la travesía.
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