El ministro Javier Alonso advirtió sobre organizaciones criminales que operan como usureras en sectores vulnerables. La problemática afecta también a la Policía Bonaerense, donde la mora en créditos formales alcanza al 12% del personal.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, alertó sobre la consolidación de redes de usura vinculadas al narcomenudeo que operan en barrios vulnerables del Gran Buenos Aires. Ante la imposibilidad de amplios sectores de acceder al crédito bancario formal, bandas delictivas utilizan fondos de origen ilegal para otorgar préstamos informales con tasas desproporcionadas, apelando a la extorsión, ataques con armas de fuego y la usurpación de viviendas frente al incumplimiento de los pagos.
Desde la cartera de Seguridad señalaron un incremento en las denuncias por agresiones y presiones ejercidas por cobradores violentos. Alonso sostuvo que la problemática deriva de la restricción del financiamiento formal y la pérdida del poder adquisitivo, dinámicas que impulsan a familias desesperadas a recurrir a circuitos ilegales para financiar gastos corrientes y necesidades básicas de consumo.
Endeudamiento y situación social en la fuerza policial
El cuadro de endeudamiento alcanza de igual forma a los efectivos de la Policía Bonaerense. Datos oficiales indican que la mora crediticia dentro de la fuerza provincial oscila entre el 10% y el 12%, lo que motivó intervenciones de asistencia financiera a través del Banco Provincia para ordenar los legajos de aproximadamente 1.200 agentes afectados por compromisos de pago acumulados.
Asimismo, el relevamiento de la cartera de Seguridad registró una alta tasa de morosidad a nivel nacional entre el personal de las fuerzas de seguridad. La combinación de bajos salarios iniciales, sobreendeudamiento y la exigencia de servicios adicionales configura un contexto de vulnerabilidad socioeconómica que impacta de manera directa en el desempeño y la salud mental del personal policial.
