Al cumplirse un año de la resolución de la Corte Suprema que ratificó la condena a la expresidenta, el gobernador bonaerense denunció una «persecución política y judicial». Sostuvo que la exmandataria continúa «injustamente detenida» y advirtió que lo que está en juego es el sistema democrático.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió un duro mensaje a través de sus redes sociales al cumplirse el primer aniversario del fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El mandatario provincial calificó la resolución como una “enorme infamia” instrumentada por “sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real”. Kicillof cuestionó con severidad los pilares de la sentencia y argumentó que se trató de una resolución “arbitraria” y “desprovista de pruebas”, apuntando en particular contra la lógica jurídica aplicada en el caso: «Se basó en el argumento de que Cristina ‘no podía no saber’ sobre hechos que ni siquiera estaban dentro de sus competencias. Es un argumento jurídicamente absurdo», remarcó. Asimismo, vinculó este proceso con un clima sostenido de violencia política, recordando el intento de magnicidio ocurrido en septiembre de 2022 y criticando que, a casi cuatro años de aquel hecho, la investigación sobre los autores intelectuales y financistas «brilla por su ausencia».
En su análisis, el gobernador trazó un paralelismo entre la persecución judicial y el rumbo socioeconómico del país, sosteniendo que los mismos intereses que impulsaron el fallo son los que hoy sostienen un modelo que “destruye la industria nacional, pulveriza salarios y recorta derechos”. Además, apuntó directamente contra el presidente Javier Milei, acusándolo de «alimentar todos los días el odio» y golpear los cimientos democráticos. «Cristina es inocente y continúa injustamente detenida», reafirmó de manera tajante antes de concluir en declaraciones radiales con Gustavo Sylvestre por Radio 10 que la condena busca «amedrentar» y «disciplinar» a los dirigentes que representan los intereses de los sectores populares y confrontan con los poderes económicos concentrados. Para el mandatario bonaerense, no se trata solo de la situación personal de la expresidenta, sino que está en juego la capacidad de representación y la democracia misma, denunciando la existencia de un patrón de intervención judicial diseñado para condicionar las decisiones de los gobiernos elegidos por el voto popular.
