Cuatro de los cinco gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) confirmaron la medida de fuerza por 24 horas para este martes 30 de junio. Además de la recomposición de los haberes, exigen protocolos urgentes ante la proliferación de agresiones en los colegios.
Las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires permanecen sin actividad este martes debido a un paro total de 24 horas convocado de manera conjunta por la mayoría de las organizaciones que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). La medida de fuerza representa un nuevo foco de tensión para la administración de Axel Kicillof y paraliza el dictado de clases en todo el territorio provincial.
La convocatoria al cese de tareas fue resuelta y refrendada por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). En sus pronunciamientos públicos, los sindicatos responsabilizaron al Gobierno nacional por el «ahogo financiero» a las arcas provinciales, pero centraron sus exigencias inmediatas en la gobernación de La Plata.
El reclamo salarial y la urgencia de las paritarias
El primer eje del conflicto se enfoca en la necesidad de frenar el retraso de los haberes frente a los indicadores inflacionarios. Los gremios demandan una convocatoria de urgencia a las mesas de negociación paritaria para acordar una recomposición salarial. El reclamo incluye la exigencia a la Nación para la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
“La pérdida de poder adquisitivo que estamos sufriendo los docentes golpea muy fuerte en la realidad económica de cada trabajador. Necesitamos sentarnos de manera urgente con la Provincia para recomponer los salarios que quedaron muy rezagados”, fundamentó Liliana Olivera, presidenta de la FEB.
Alerta por el incremento de la violencia en las aulas
El segundo detonante de la huelga es la creciente preocupación por la seguridad dentro de los establecimientos educativos. Desde el arco gremial denunciaron una proliferación de hechos de violencia física y verbal en los diferentes distritos, por lo que exigieron la aplicación efectiva de la legislación vigente y la puesta en marcha de protocolos complementarios de resguardo y reparación.
Según advirtieron los dirigentes del sector, las agresiones que tomaron estado público en las últimas semanas constituyen un flagelo social que requiere un abordaje estatal urgente y multisectorial para proteger la integridad psicofísica tanto de los maestros como de los alumnos.
El pliego de condiciones presentado ante la Dirección General de Cultura y Educación se completa con el rechazo a la sobrecarga laboral generada por los cambios en el Régimen Académico y el pedido de blindaje de cargos ante la baja de la matrícula por razones demográficas. Asimismo, los docentes reclamaron el normal funcionamiento de las prestaciones médicas de la obra social IOMA y el total resguardo de las condiciones jubilatorias del Instituto de Previsión Social (IPS).
